Datos personales

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM LIBROS: ELPAPEL DE LA OCDE EN LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MÉXICO, TIRANT LO BLANCH/INAP, 2018. DE LA REFORMA ADMINISTRATIVA A LA REFORMA NEOGERENCIAL EN HISPANOAMÉRICA, PUBLICADO POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MEXICO. http://www.iapem.org.mx/docs/libros/978-968-6452-93-1.pdf

miércoles, 24 de noviembre de 2010

CLASE 26 DE NOVIEMBRE

Guerrero, Omar, Del Estado gerencial al Estado cívico, México, UAEM y Miguel Ángel Porrúa, Librero y Editor. México, 1999. pp. 233-245 y 258-267 (del número de página del libro).

http://www.omarguerrero.org/libros/Estado_gerencial.pdf

sábado, 13 de noviembre de 2010

CLASE 16 DE NOVIEMBRE

Tom Christensen, Per Lægreid, "Reformas post nueva Gestión Pública", Gestión y Política Pública Vol. XVI No. 2, Segundo Semestre de 2007,
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.XVI_No.II_2dosem/Christensen_y_Laegreid.pdf

miércoles, 10 de noviembre de 2010

LA JORNADA 10 DE NOVIEMBRE 2010

http://www.jornada.unam.mx/2010/11/10/index.php?section=opinion&article=008o2pol
Clase Política
Nuevos negocios

Miguel Ángel Rivera
Nuevo negocio en México, que puede resultar lucrativo, pero también peligroso: construcción y manejo de prisiones.

La concesión de reclusorios a particulares está incluida en una iniciativa que en la sesión de mañana jueves presentará ante la Cámara de Diputados la vicecoordinadora de la fracción del PVEM, Adriana Sarur Torre.

La propuesta de párrafo XXIII del artículo 30 bis de la ley reglamentaria del artículo 18 constitucional señala que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública “administrar el sistema federal penitenciario promoviendo y dirigiendo la participación de particulares en la construcción, operación y administración de centros penitenciarios”.

sábado, 6 de noviembre de 2010

TRABAJO FINAL

ELEMENTOS DE TRABAJO FINAL
PARA LA CLASE DEL 9 DE NOVIEMBRE SE DEBE ELABORAR LA PRIMERA PARTE (incisos a,b,c,d y e)

a.Seleccionar un tema y justificar por qué les es atractivo.
b. Realiza un breve abstract o resumen del proyecto de investigación con los siguientes elementos:
c. Objetivo general
d. Hipótesis
e. Realizar un breve bosquejo sobre cómo se desarrollará el tema y a que conclusión y resultados se espera llegar con la investigación.



I. Reformas neogerenciales

1. Tipo de reforma: ____________________
2. Institución en que se analizará la aplicación de la reforma
3. Justificación
4. Objetivo (s)
5. Actividad, gestión, servicio (objetos del trabajo)
6. Campo o ámbito: federal, estatal, municipal,
7. Resultados esperados
II. ACTORES (grupos e individuos más importantes involucrados)
III. PRESUPUESTO
a. Total utilizado para implementar las reformas neogerenciales
IV. IMPLEMENTACIÓN
a. Quién (funcionarios y oficinas involucrados)
b. cómo (se verificará la gestión del programa)
c. cuándo (inicia y termina la reforma, será temporal o permanente)
VI. CONTROL
VII. EVALUACIÓN

domingo, 31 de octubre de 2010

CLASE 5 DE NOVIEMBRE

Vicher Diana, De la reforma administrativa a la reforma neogerencial en Hispanoamérica, México, IAPEM, 2009, pp. 257-278.
http://www.iapem.org.mx/docs/libros/978-968-6452-93-1.pdf

jueves, 21 de octubre de 2010

CLASE 26 DE OCTUBRE

Echebarria Ariznabarreta Koldo y Longo Martínez Francisco, «La nueva gestión pública en la reforma del núcleo estratégico del gobierno: experiencias latinoamericanas», Banco Interamericano de Desarrollo (Washington), Noviembre del 2000, https://docs.google.com/fileview?id=0BzwbMYftm7u8YTNhMjdjNzAtOWFiOS00ZGU0LTkyOGYtNzNjN2M1OWE5OTdi&hl=en

lunes, 18 de octubre de 2010

CLASE 22 DE OCTUBRE

Martín, Guillermo, “Tres reformas sobre tres administraciones originalmente similares: Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá”, Revista Reforma y Democracia, No. 25, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Caracas, 2003.

https://docs.google.com/fileview?id=0BzwbMYftm7u8MDgwMWJmYjYtMzcwZi00YzQ0LTk1OTgtMWQ1ODExZjU3NjA2&hl=en

LA JORNADA, OCTUBRE 18

México SA http://www.jornada.unam.mx/2010/10/18/index.php?section=opinion&article=028o1eco

Salud pública, negocio en puerta

Sin más, que paguen los jodidos

¿Quiénes se quedarían con él?

Carlos Fernández-Vega
Espléndido futuro para los mexicanos ha moldeado el inquilino de Los Pinos: no ha dado una en materia de crecimiento y desarrollo; ha cancelado cualquier posibilidad de lograr una vida digna a través del empleo y el salario; ha sublimado la inseguridad en el país y acumula 30 mil muertos en una guerra” que nunca ganará, y que, como van las cosas, no tiene salida; ha rebajado a cero la de por sí desgastada credibilidad en las instituciones; la “igualdad de oportunidades” por él pregonada en tiempos de su campaña electoral, en los hechos se ha traducido en rásquense como puedan, y si no pueden qué más da; ha degradado al gobierno de la República a simple gerencia del gran capital, que nada aporta, pero con todo arrasa; ha privatizado los bienes nacionales, la infraestructura, la educación, la electricidad y lo que se acumule, y ahora, “para vivir mejor” y con la corrupción a tope, pretende borrar del mapa cualquier vestigio de seguridad social, comenzando con la salud pública. Eso sí, prepara un magno festejo del centenario de la Revolución, el movimiento social que reivindicó todo lo que él y los suyos han tirado al cesto de la basura.

En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (falta el visto bueno de los diputados, pero todo indica que es mero trámite), la cual permite, entre otras cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal. Con ello, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará a funcionar abiertamente como una empresa privada.

La única tímida salvedad que establece la citada legislación es la relativa a la industria petrolera (la eléctrica queda libre) para “evitar una posible privatización”. De cualquier suerte los límites también límites: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Después de eso, todo, absolutamente todo, queda abierto al capital privado, aunque en México queda claro quién es el capital privado (exclúyase al 98 por ciento de las empresas que son micro, pequeñas o medianas y no tienen mayor potencial que intentar sobrevivir a los embates gubernamentales), que no es otro que el beneficiario de la política privatizadora.

Y al mal paso darle prisa, porque tan sólo 48 horas después de aprobada la citada ley, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que “una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será ‘una gran reforma’ para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales”, con lo que “adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud”. Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero-patronales para seguridad social; es decir, explicó el funcionario, se podría desgravar la nómina y los empresarios “no tendrían esta carga”, a la vez se podría “favorecer el desarrollo del empleo”. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, con lo que en el futuro habrá un “paquete único de intervenciones, igual para todos” los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez).
Que paguen los jodidos, porque la privatización de la salud pública es un pingüe negocio que no puede quedar fuera de la ya de por sí enorme canasta de prebendas que tiene el gran capital (cualquier duda, favor de preguntar a Olegario Vázquez Raña). Aterrizado el numerito, la gerencia de la República no tardaría en decretar la exención fiscal a los nuevos propietarios del sector, por tratarse de un asunto de “interés nacional”. También se privatizará el historial clínico de los usuarios del hasta hoy servicio público de salud. De acuerdo con Córdova, está “en curso” una licitación para que alguna empresa particular sistematice lo que llamó “expediente clínico electrónico”, de tal suerte que al término del gobierno calderonista “se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema”.

Enfermarse es un lujo que la mayoría de los mexicanos no puede permitirse; en el lejano caso que en una institución pública de salud reciban una atención médica medianamente llevadera para superar la enfermedad, falta por transitar el terrorífico camino de adquirir medicinas en farmacias privadas (tres aumentos de precio en el año, cuando menos), porque las del sector salud siempre están vacías. Añádase la intención del gobierno calderonista de privatizar el sector salud, y que la gente jodida pague por la atención médica, de acuerdo con el anuncio del secretario Córdova, con base en la “propuesta” de Funsalud, “una institución privada al servicio de la comunidad”, según su propio eslogan.

Entre los fundadores (1985) y los socios activos de dicha institución privada aparecen muchos de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (el poder tras el trono) y apellidos como Alemán, Azcárraga, Bailleres, Bours, Garza Lagüera, Madariaga Lomelín, Servitje, Slim, Azcárraga Andrade (el de Mexicana de Aviación), Aspe, González Laporte, Hank, Harp, Autrey, de Angoitia, Chico Pardo (Telmex) y Vázquez Aldir, por sólo citar algunos. Entonces, no hay que especular sobre quién explotaría la “nueva” industria de la salud pública.

Las rebanadas del pastel

¿Adónde ha llevado todo esto al país, a sus habitantes? El pasado sábado, en las páginas de La Jornada, Jaime Avilés se preguntaba: “¿habrá elecciones en 2012?” Yo agregaría: ¿habrá país para celebrar elecciones en 2012?... Con ganas de reivindicarse, bien haría la lerda Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas si se da una vuelta por Aguascalientes y constata las permanentes agresiones al gremio encabezadas y fomentadas por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien acostumbra secuestrar ediciones y amenazar públicamente a los colegas y a los medios que documentan sus no pocas tropelías, como es el caso de Manuel Appendini y La Jornada Aguascalientes.

miércoles, 13 de octubre de 2010

LA JORNADA , 13 OCTUBRE

http://www.jornada.unam.mx/2010/10/13/index.php?section=opinion&article=034o1eco
México SA
El Senado privatiza al país
Otra vez la dupla PRI-PAN
Ortega y su PRD en el éter

Carlos Fernández-Vega

Aunque en los hechos la privatización a ultranza se registra desde hace tres décadas (a partir del gobierno de Miguel de la Madrid), desde ayer (gracias a la propuesta de Felipe Calderón y a su aprobación final por el Senado de la República; sólo falta la ratificación de la Cámara de Diputados) ya no existe pretexto que valga para mantener el nombre oficial del país, de tal suerte que, acorde con la realidad nacional y con los intereses del grupo en el poder, es válida no sólo su modificación, sino su actualización en el marco del sueño neoliberal: de Estados Unidos Mexicanos pasaría, sin más, a México, Sociedad Anónima.

Así, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará, gracias al inquilino de Los Pinos y al voto mayoritario del PAN y del PRI, a funcionar abiertamente como una empresa privada en la que el último lugar en la escala de toma decisiones lo ocupará el gobierno federal (a partir de ahora operará como simple oficialía de partes) y el propio Congreso (en su nuevo carácter de agente colocador de contratos). Todo ello, según el dictamen respectivo, para “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.

Eso y más promueve la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ayer fue aprobada, en lo general y en lo particular por el Senado de la República (85 votos a favor, 8 en contra, cero abstenciones). La nueva legislación (que deberá pasar por el tamiz de San Lázaro, aunque todo indica que el asunto está más que planchado) permite, entre otras tantas cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal.

Además, las dependencias del sector público federal podrán asociarse con particulares (incluidos proyectos no solicitados por el gobierno) para construir infraestructura mediante esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones. En un arranque de nostalgia, de última hora la bancada tricolor en Xicoténcatl modificó la minuta original para excluir a la industria petrolera (no mencionó a la eléctrica) y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones para “evitar una posible privatización”. Sin embargo, la aclaración completa incluye la siguiente leyenda: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Lo mejor del caso es que “la interpretación de esta ley queda reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, a la tradicional privatizadora de los bienes nacionales y “rescatista” del gran capital.
El pasado 10 de noviembre Felipe Calderón envió la respectiva iniciativa de ley al Senado de la República. En marzo de 2010 comenzó su discusión, y a finales de abril se aprobó en lo general. Se dejó para el segundo periodo ordinario de sesiones la discusión en lo particular, y ayer se aprobó integralmente con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Aquí surge la duda: los senadores del PRI, PAN y PVEM (los que votaron a favor) suman 89, de tal suerte que cuatro de ellos se ausentaron; los del PRD, PT y Convergencia suman 36, pero de estas fracciones parlamentarias sólo se registraron ocho votos en contra, por lo que 28 de ellos no estuvieron presentes en la sesión (tal vez celebrando alianzas); adicionalmente, tres senadores no pertenecen a grupo partidista alguno, pero por lo visto todos ellos tuvieron cosas más importantes que hacer.

Para los fines de esta nueva legislación, los senadores se llevaron varias leyes entre las patas (reformaron, adicionaron o de plano derogaron disposiciones de las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Expropiación, Agraria, General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles) con tal de delegar a la iniciativa privada lo que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal, y de hacer jugosos negocios privados con lo que originalmente se concibió como una responsabilidad con objetivos sociales. Entonces, se desmantela al Estado y en su lugar surge, rozagante, el gran capital para hacer jugosos negocios en donde le plazca (de la seguridad pública a la educación; de los servicios de salud a la electricidad, y así por el estilo). Si esto no es igual a México Sociedad Anónima, entonces qué es.

La ley aprobada subraya que “si bien la negociación con los particulares se viene realizando en la práctica (ergo se viene violando la ley), se estima procedente contar con un fundamento jurídico expreso que otorgue certeza a las partes involucradas y regule ciertos aspectos de estos esquemas”. Pues bien, aquí faltó el rigor del análisis, porque el balance de la política privatizadora en el país es verdaderamente desastroso. Desde Miguel de la Madrid se argumentó que al “enflacar” al gobierno el resultado inmediato sería la “liberación de recursos públicos para atender las necesidades sociales” y “promover el crecimiento y el desarrollo”. Lo repitieron hasta el cansancio Salinas y Zedillo (Fox y Calderón ha sido más cínicos), y allí están los desastrosos resultados de tres décadas privatizadoras: la deuda social imparable, a paso veloz, al igual que la concentración de la riqueza y el ingreso, la corrupción a todo galope y el país en el limbo.

Las rebanadas del pastel

En su efímero paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón exigió a los senadores (17 de noviembre de 2003) otorgar “certeza jurídica” a la inversión privada en sectores exclusivos del Estado, para lo cual insistía en realizar modificaciones constitucionales, porque “a nadie le conviene una legislación que suponga riesgos” (para el capital). Pues bien, no se registraron cambios a la Constitución, pero a partir de ayer ya logró todo lo demás.

martes, 14 de septiembre de 2010

CLASE 21 DE SEPTIEMBRE 2 DE 2

OCDE, “Serving economy better”, Ocasional Papers on Public Management, 1991.

Este reporte resalta puntos de vista sobre el problema de la reforma en relación con el ajuste estructural. El trabajo es resultado de varios años del trabajo que ha realizado la OCDE en gerencia pública. Fue preparado por el Comité de Gerencia Pública. Estos reportes se enfocan en áreas específicas de la modernización administrativa como: presupuesto, gerencia de recursos humanos, reforma regulatoria y gerencia de la información y la tecnología.

Punto de vista de la organización: “el ajuste estructural del sector público es un elemento esencial del ajuste estructural de la economía”.

La reforma tiene que empezar en la cultura de servicio público y en el sistema legal prevaleciente en cada país.

Misión del Comité de Gerencia Pública. Se creó en 1989 para dar una dimensión de gerencial a su trabajo en el sector público, proveer información y análisis sobre gerencia pública a los creadores de políticas en los países miembros; facilitar el contacto e intercambio de experiencias entre los practicantes de la gerencia pública y reportar regularmente sobre los desarrollos en el sector público y sobre su papel en la economía y el desarrollo social.

El comité no prescribe pero anima el cambio.

En el documento se desarrollan nueve puntos que la organización considera importantes de entender y seguir a fin de lograr que el Estado sirva mejor a la economía.

1. El sector público juega un rol vital en la economía
2. El sector público debe basarse más en el costo-efectividad
3. Esto significa: el sector público debe ser más gerencial
4. Pero, hay límites a lo que la administración puede hacer
5. Y también hay límites a la privatización
6. Escogiendo entre política y mercados
7. Un problema para los hacedores de policy
8. Las reformas en curso deben ser empujadas más allá
9. Una agenda para la década de 1990

1. La decisión sobre lo que debe hacer o no el sector público (decisión política) debe tomarse a la luz de una nítida comprensión de los complejos vínculos entre el sector público y privado. Las decisiones sobre lo que se hace o como se debe hacer necesita entenderse a partir del entendimiento de los complejos vínculos entre el sector público y privado.

La eficiencia del sector público es un factor importante en el conjunto de la eficiencia de la economía y en la determinación de factores de precios. Pero la importancia del sector público no sólo puede verse en términos de tamaño.

El sector público es responsable por el ambiente legal y administrativo donde la actividad de los negocios tiene lugar. Altera los patrones de demanda por la redistribución del ingreso.
La habilidad de los gerentes del sector público es crucial para la efectividad del gobierno. La eficiencia económica dependerá de la responsividad con la que se provean bienes y servicios por parte del sector público.

El término responsiveness: relacionado a teorías económicas como la agencia y los costos de transacción.

El hecho de que los sectores públicos nacionales puedan contribuir o determinar la competencia internacional es un argumento poderoso para presionar el cambio.

2. Existen dos preocupaciones para la reforma del sector público
a. derrumbar las tasas de impuestos, reducir el déficit y estabilizar el desempeño macroeconómico
b. Se ha popularizado la idea de que el sector privado es más eficiente y responsivo “responsiveness” que el sector público.

La primera ola de reformas se llevó a cabo por ministerios de finanzas y economía, usando la influencia del sistema presupuestario. La orden del día fue: cortar lo cortable y aumentar la eficiencia porque el sector público era gordo y sobre extendido.

La segunda ola de reformas puso énfasis en la reconsideración del papel del sector público, la privatización y la desregulación, pero sin dejar de hacer un gran énfasis en la efectividad. Cambiar el comportamiento de los proveedores y compradores, o promover una mejor asignación de recursos.

No obstante, enfatizar demasiado en cortes al gasto puede distorsionar y provocar efectos indeseados como:

a. Los costos por los servicios podrían aumentar
b. Se puede minar el ejercicio de la autoridad soberana
c. La desregulación y privatización pueden crear circunstancia donde se necesite una re intervención de las autoridades públicas
d. La innovación y adaptación pueden retardarse a causa de un sector público poco responsivo

El objetivo: aumentar el costo efectividad, lograr objetivos con el mínimo costo.
El objetivo de la nueva gerencia pública debe ser aumentar le costo efectividad en la estructura del derecho público y de la rendición de cuentas política.

3. La naturaleza de le costo efectividad como un criterio de desempeño hace necesaria la adopción de una aproximación más gerencial. Un sector público más gerencial de acuerdo con las condiciones de cada país.

A pesar de los trabajos realizados por la OCDE, la gerencia apenas se está convirtiendo en un sujeto de atención política. Los objetivos de la aproximación gerencial se enfocan en alcanzar objetivos políticos más que meramente cumplir con procedimientos administrativos. Esto es para mejorar la responsividad administrativa hacia los clientes y hacer más efectivo el uso de recursos limitados. Esto, dando a los gerentes flexibilidad, alcance etc.

Para sostener un gerente responsable se necesitan: definición de tareas, medidas de desempeño, incentivos y sanciones. Muchos países de la OCDE están tratando de hacer más gerenciales a sus sectores públicos. Los rasgos comunes son la introducción de relaciones más contractuales, participativas, discrecionales entre los niveles de jerarquía, entre las agencias y unidades operacionales, y entre unidades de producción sean públicas o privadas. Esto contrasta con el estilo tradicional de acción administrativa con reglas y autoridad jerárquica.

Se deben construir nuevos arreglos institucionales para separar la policy de las decisiones operacionales. Origen de las reformas: elección pública, teoría de la agencia y los costos de transacción, y la experiencia y técnicas de la gerencia privada. P. 11.

4. La admón. Pública fue construida lentamente y su memoria se mide en siglos pero, no se ha adaptado a los cambios en el papel del Estado y sus tareas, donde la turbulencia, la complejidad, la eficiencia y el sector privado son muy importantes.

Los cambios tienen lugar en el ambiente social. La gerencia es una de las más importantes adaptaciones para la organización admva. La org. Admva tradicional llegó a su límite, ya no es una eficiente asignadora de recursos.

La teoría económica y la evidencia de desempeño medida en términos económicos sugiere que hay costos inherentes en la provisión del sector público que sólo pueden justificarse en circunstancias rigurosamente definidas. Otra opción es llevar fuera del sector público responsabilidades, colocarlas en el sector privado o emular procesos de mercado en el sector público.

5. Formas de entender la privatización
a. describe el uso de actores o técnicas privados dentro de la estructura del sector público
b. implica contratar con privados la producción de bienes y servicios (gerencia de penales?) o intermediarios. La provisión es pública.

Se pueden escoger las diferentes formas de proveer bienes y servicios, la clave es: en qué forma. Al respecto, el potencial de los mecanismos de mercado no ha sido suficientemente explotado.

6. Las reformas han intensificado las relaciones entre la administración pública y los clientes o han creado relaciones comerciales entre la admón. Y los proveedores y entre los proveedores y el público.

Con la emergencia de la economía como la principal herramienta de análisis de policy se ha dado prioridad a los criterios de asignación y producción eficientes de mercado respecto a la producción no ligada al mercado.

Política y mercados pueden proveer medios complementarios de regulación de la producción de bienes y servicios.

7. Problemas en la aplicación del modelo: el objetivo costo efectividad puede alcanzarse mediante cambios en los incentivos del sistema regulatorio dentro y fuera del sector público pero puede dañar la rendición de cuentas y la base legal de la actividad pública. Además, las teorías gerenciales no siempre son aplicables.

La tarea central de los reformadores y gerentes públicos es crear y echar a andar sistemas que alcances objetivos políticos de la forma más cercana a costo-efectividad

7.1 Justificación de la gerencia como un asunto político: la gerencia afecta costos y beneficios de la política para los diferentes miembros de la sociedad.

La tarea central de los reformadores y gererentes públicos es crear y echar a andar sistemas donde los objetivos de policy se alcancen de la manera más efectiva y menos costosa.

8. Evaluación de resultados, en sus primeras fases se levaron a cabo por preocupaciones presupuestales y se llevaron a cabo en términos de cortar gasto. Todavía hay mucho que hacer en: cambio de cultura organizacional y fortalecimiento de rendición de cuentas por desempeño; desarrollo de recursos humanos y habilidades gerenciales, medidas de desempeño y énfasis en la calidad.

Los años de reducción en muchos países desmoralizaron el servicio público y disminuyeron su calidad.

Para incrementar la posibilidad de que se lleven a cabo los cambios se debe tener una presión desde los negocios y del público.

9. Prioridades para la OCDE: agenda

Los ciudadanos y los empelados del sector público aceptada una necesidad de cambios para mejorar la calidad del sector público y ello depende de la movilización de los talentos y energías de los servidores públicos. De que la reforma se oriente a servir a la economía mejor.

Agenda

Entender mejor donde se pueden emplear una producción pública privada o mixta y como interactúan los sectores público y privado
Mejores formas de medidas de desempeño y asegurar el control y la rendición de cuentas.
Mejor calidad en la información
Reforzar la capacidad del centro de gobierno para guiar en conjunto la evolución del sector público y armonizar los esfuerzos de las agencias centrales de gerencia.

CLASE 21 DE SEPTIEMBRE 1 DE 2

http://www.eumed.net/cursecon/textos/buchanan-elecc-publica.htm
Ensayos sobre economía política*
James M. Buchanan

La perspectiva de elección pública

Introducción

En varias ocasiones durante los últimos años he ofrecido mi interpretación de la historia, el desarrollo y el contenido del campo de la elección pública. La palabra misma "perspectiva" que aparece en este título ayuda en tanto que me permite llamar la atención de alguna manera sobre los comentarios generales que deseo hacer.
Permítaseme comenzar diciendo lo que no es la perspectiva de la elección pública. No es un "método" en el sentido usual del término; es decir, no es un conjunto de herramientas, ni una aplicación particular de las herramientas estándar con métodos estándar, aunque nos estamos acercando ligeramente a esta última descripción. La elección pública es una perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas. Sin embargo, este enunciado en sí mismos es inadecuado en términos descriptivos, ya que, para alcanzar tal perspectiva de la política, se requiere una aproximación particular a la economía. En la discusión siguiente me referiré a dos aspectos separados y bien diferenciados de los elementos de la perspectiva de la elección pública. El primer aspecto es una aproximación generalizada de las catálisis a la economía. El segundo es el postulado más familiar del homo economicus acerca del comportamiento individual. Estos dos elementos, como intentaré demostrar, ingresan con pesos diferentes en las distintas vetas de la teoría de la elección pública, definida de manera inclusiva.

Catalaxia, o la economía como la ciencia de los intercambios

¿Qué deben hacer los economistas? Mi respuesta a esa pregunta ha sido y es: urgirnos a exorcizar el paradigma de la maximización del lugar dominante que ocupa en nuestra caja de herramientas; a dejar de definir nuestra disciplina, nuestra ciencia, en términos del límite de la escasez; a que cambiemos la misma definición, incluso el propio nombre de nuestra ciencia; a dejar de preocuparnos tanto acerca de la asignación de recursos y de la eficiencia a concentrarnos en los orígenes, las propiedades y las instituciones del intercambio, consideradas en términos amplios. La propensión que sentía Adam Smith hacia el trueque y el intercambio de una cosa por otra, se convierte en el punto de partida adecuado para nuestra investigación y nuestras pesquisas.
La manera de aproximarse a la economía que he preconizado y sigo preconizando era llamada por algunos de sus proponentes decimonónicos "cataláctica", la ciencia de los intercambio. Más recientemente, el profesor Hayek ha sugerido el término "catalaxis", el cual, según él se aproxima más a los orígenes griegos de la palabra. Esta manera de ver la economía, como tema de investigación, llama nuestra atención directamente sobre el proceso de intercambio, comercio o acuerdo contractual. Asimismo, introduce necesariamente en los inicios de la discusión el principio de un orden o coordinación espontánea, que es, como he sugerido a menudo, quizá el único principio real de la teoría económica como tal.

Bien podría seguir con una elaboración y una defensa de esta aproximación a la teoría económica, pero ésta no es mi misión aquí. También podría preguntarse qué tiene que ver este argumento metodológico con la perspectiva de la elección pública, cuyo tema nos trae aquí. Mi respuesta es directa. Si tomamos en serio la catalexis, aparecerá en forma bastante natural el intercambio complejo tanto como el simple, definiendo al primero como el proceso de acuerdos contractuales que va más allá del número mágico "2" de los economistas, más allá de la simplicidad de dos personas, del escenario simplista del intercambio de dos artículos. El énfasis se desplaza directa e inmediatamente, hacia todos los procesos de acuerdo voluntario entre las personas.
De este cambio de la perspectiva de aquello sobre lo que debería versar la economía, se sigue inmediatamente una distinción natural entre "economía" como una disciplina, y la política o "ciencia política". No hay fronteras que puedan trazarse entre la "economía" y la "política" o entre "mercados" y "gobiernos", y tampoco los economistas limiten sus investigaciones al comportamiento de personas dentro de los mercados, a las actividades de comprar y vender en sí mismas. Mediante una extensión más o menos natural de la manera cataláctica de ver las cosas, los economistas pueden contemplar la política, y el proceso político, en términos del paradigma del intercambio. En tanto la acción colectiva se modele, con los tomadores de decisiones individuales como unidades básicas, y en tanto se conciba en lo fundamental que dicha acción colectiva refleja intercambios o acuerdos complejos entre todos los miembros de una comunidad significativa de personas, tal acción o comportamiento o elección puede fácilmente quedar cubierto bajo el paraguas de la catalaxia. En esta inclusión no hay, como tal, un "imperialismo de los economistas". Aun así persiste una distinción tajante entre la "economía como catalaxia" y la "política" o "ciencia política". Esta última, es decir la política la política como una disciplina académica de investigación, se encargaría de todo el universo de relaciones no voluntarias entre las personas, aquellas relaciones que entrañan poder o coerción. Cosa curiosa, esta línea divisoria entre las dos áreas de las ciencias sociales de investigación, es la misma que la propuesta por algunos científicos de lo político y por sociólogos, por ejemplo, Talcott Parsons.

Casi cualquier relación empíricamente observada entre personas incorporará algunos elementos catalácticos y otros elementos de poder. El escenario idealizado de la competencia perfecta se define en parte precisamente para poder describir una situación en la cual ninguna persona tiene poder sobre alguna otra. En el mundo en que todos y cada uno de los compradores de todos y cada uno de los productos y servicios confrontan a muchos vendedores entre quienes pueden preferirse sin costo, y en el que todos y cada uno de los vendedores de todos y cada uno de los productos o servicios confronta a muchos compradores entre quienes puede preferir sin costo, ninguna persona ejerce poder sobre ninguna otra. En un escenario así, el "poder económico" carece de significado o contenido.
No obstante, conforme nos alejamos de este ideal conceptual, a medida que las rentas, elementos de poder y de coerción potenciales comienzan a ser susceptibles de análisis mediante algo más que la catalaxia pura. No pretendo detenerme sobre la multitud de variantes institucionales bajo las cuales pueden coexistir los elementos de intercambio y de poder. Establezco esta distinción categórica sobre todo para sugerir que la perspectiva de la economía como una catalaxia, la cual es una extensión bastante natural de los escenarios institucionales en donde las personas interactúan colectivamente, nos ofrece una manera de mirar la política y los procesos gubernamentales, una "ventana diferente", para ampliar la metáfora de Nietzsche. Además, en un sentido muy amplio, de esto trata la perspectiva basada en la elección pública acerca de la política; una forma diferente de ver el proceso político, cualitativamente distinta de la manera de ver que surge desde la perspectiva de la política como poder.
Obsérvese que al aplicar la perspectiva de la catalaxia a la política, o al aplicar la elección pública, para emplear un término más familiar, no necesitamos y de hecho no debemos incurrir en el error de implicar, inferir o sugerir que los elementos de poder en las relaciones políticas quedan expulsados por una especie de magia metodológica. La perspectiva de la elección pública, que modela la política en última instancia basada en el paradigma de intercambio, no necesariamente nos ofrece un conjunto de hipótesis empíricamente refutables en el sentido de que la política y el proceso político sean exclusiva ni siquiera principalmente reducibles a un intercambio complejo, un contrato o un convenio. Debería resultar evidente que los elementos de renta pura, y por ende de poder, se ejercen con mayor facilidad en escenarios de intercambio complejo que en aquellos de intercambio simple, y por tanto más fácilmente en relaciones entre muchas personas que en intercambios entre dos personas, más en manejos políticos que en manejos del tipo de los de mercado. Así pues, una división apropiada de la labor científica requeriría de la disciplina de la ciencia política para concentrar mayor atención en los manejos políticos y que la economía concentrara mayor atención en los manejos de mercado. Aun así, hay muchas contribuciones importantes por hacer mediante las extensiones de ambas perspectivas a lo largo de todo el espectro de las instituciones. En este sentido, la perspectiva de la elección pública acerca de la política se vuelve similar a la perspectiva de poder económico sobre los mercados.
Pueden desprenderse importantes implicaciones normativas de la perspectiva de la elección pública sobre la política, implicaciones que a su vez conllevan una manera de ver la reforma institucional. En la medida en que el intercambio voluntario entre personas se valora positivamente mientras que la coerción se valora en términos negativos, surge la implicación de que es deseable la sustitución de lo último por lo primero, suponiendo, claro está, que dichas sustitución sea tecnológicamente factible y que los recursos empleados no sean prohibitivos. Esta implicación nos da el empuje normativo que explica la propensión que tiene los economistas de la elección pública a favorecer manejos como los del mercado cada vez que ello sea factible, y a favorecer una descentralización de la autoridad política en las situaciones apropiadas.
No obstante, aun sin las implicaciones normativos, la perspectiva de la elección pública sobre la política dirige nuestra atención directamente hacia una forma de emprender reformas que surge desde la perspectiva del poder. En la medida en que las interacciones políticas entre las personas se modelen como un proceso complejo de intercambio, en el cual las entradas sean evaluaciones o preferencias individuales y el proceso mismo se conciba como el medio a través del cual estas preferencias posiblemente divergentes se combinen o amalgamen de alguna manera para conformar patrones o resultados, se vuelve más o menos necesario que la atención se dirija hacia el proceso de interacción mismo y no hacia alguna evaluación trascendente de los resultados en sí mismos. ¿Cómo se hace "mejorar" un mercado? Lo que se hace es facilitar el proceso de intercambio, mediante una reorganización de las reglas del intercambio, contrato o acuerdo. Los procesos de intercambio de tipo mercantil no se "mejoran" o "reforman" mediante reacomodos arbitrarios de los resultados finales.
La perspectiva constitucional, con la cual he estado asociado tan de cerca, surge en forma natural del paradigma o programa de investigación de la política como un intercambio. Para mejorar la política, es necesario mejorar o reformar las reglas, la red de intereses en la cual el juego de la política se desarrolla. No se quiere sugerir que esta mejoría resida en la selección de agentes moralmente superiores quienes emplearán sus facultades de alguna manera en el "interés del público". Un juego se describe por su reglas, y la única forma de producir un juego mejor es cambiar esas reglas. Precisamente esta perspectiva constitucional, la cual emerge de esta perspectiva más omnicomprensiva de la elección pública y las cuestiones políticas de actualidad en los ochenta. Como economista, siempre me ha parecido difícil proferir consejos acerca de políticas particulares, por ejemplo, proponer tal o cual cambio en la ley de los impuestos. Por otra parte, y en contraste, sí siento que es de la competencia del economista analizar regímenes constitucionales alternativos o conjuntos de reglas y discutir el funcionamiento predecible de arreglos constitucionales distintos. Así pues, personalmente me he visto involucrado, tanto directa como indirectamente, en varias propuestas de cambios constitucionales que se han realizado en los setenta y a principios de los ochenta, como las proposiciones 1 y 13 en California en 1973 y 1978, respectivamente (la primera no tuvo éxito y la segunda sí), y la proposición 2 1/2 en Massachusetts y la proposición 6 de Michigan. Al nivel del gobierno federal, he participado en las propuestas de enmienda constitucional para garantizar presupuestos balanceados, y en propuestas concomitantes de límites a los impuestos o a los gastos, así como cambios propuestos al régimen monetario básico.
Permítaseme regresar a la sugerencia de más arriba al efecto de que la perspectiva de la elección pública llama directamente la atención y enfatiza las reglas, o constituciones, la elección constitucional y la elección entre reglas distintas. El libro The Calculus of Consent (1962) (El cálculo del consenso) fue el primer esfuerzo por derivar lo que Gordon Tullock y yo llamábamos "una teoría económica de las constituciones políticas". Por supuesto, dicho esfuerzo hubiera sido imposible sin la perspectiva metodológica que nos ofrece la economía como intercambio, o catalaxia. Los maximizadores de las funciones de bienestar social, nunca hubieran podido escribir un libro así, y de hecho, aún hoy en día los maximizadores de tales funciones no pueden entender de qué trata el libro.
He identificado el primer elemento o aspecto de la abarcadora perspectiva de la elección pública como la manera cataláctica de aproximarse a la economía, el paradigma de la economía como intercambio. Me he referido a los economistas decimonónicos que insistieron en un marco cataláctico para reforzar sus investigaciones. Cometería un error si en este punto o mencionara que, en mi económica surgió no de una investigación directa acerca de la metodología económica sino más bien desde la perspectiva constitucional de la elección pública que adquirí de Knut Wicksell. Con frecuencia he señalado que Wicksell es el precursor primario de la teoría moderna de la elección pública. Ya en 1896 Wicksell advirtió la falsedad de la presuposición de que nosotros, como economistas, damos consejos al déspota benévolo, a la entidad que, de hecho, internará maximizar una función de bienestar social. Wicksell aconsejaba que, si se desea reformar la política económica, debemos observar las reglas mediante las cuales se realizan las decisiones de la política económica, debemos observar la constitución misma. Esta noción de Wicksell de la "política como un intercambio complejo" fue el estímulo que me hizo mirar más de cerca las presuposiciones metodológicas de la economía misma, que en realidad no había cuestionado independientemente.

Homo Economicus

El segundo elemento que identifiqué en la abarcadora perspectiva de la elección pública al comienzo de este ensayo es el postulado del comportamiento comúnmente conocido como el homo economicus: los individuos son modelados para comportarse de tal manera que maximizan utilidades subjetivas ante las restricciones que enfrentan, y, si el análisis ha de llegar a ser operativo, es necesario establecer argumentos específicos en las funciones de utilidad. Se hace necesario modelar a los individuos como antes que persiguen sus propios intereses personales, estrechamente definidos en términos de posiciones netas de riqueza, mesurables, tanto predecibles como esperadas.
Claro está que este postulado conductual es parte y parcela de la herencia intelectual de la teoría económica, y la verdad de las cosas es que ha servido bien a los economistas. Proviene de las contribuciones originales de los economistas clásicos mismos, cuyo gran descubrimiento fue que los individuos que actúan movidos por intereses propios pueden generar, sin advertirlo, resultados que sirvan al interés global "social" dada una red apropiada de leyes e instituciones. De estas raíces del siglo XVIII ha crecido en la dependencia de los economistas y de la economía en el postulado del homo economicus, la confianza para analizar el comportamiento de las personas que participan de distintas maneras en los mercados, y, mediante esto, para analizar el funcionamiento de las instituciones de mercado mismas.
No se desarrolló ningún postulado comparable para el comportamiento de las personas en sus capacidades o papeles políticos o de elección pública, sea como participantes del proceso electoral o como agentes activos del cuerpo político. No surgió un postulado de este tipo ni de los economistas clásicos ni de sus sucesores. No existía ninguna "teoría económica de la política" que se derivara del comportamiento de elección individual.

En retrospectiva, podríamos haber esperado que los economistas desarrollaran una teoría de este género, como una extensión más o menos obvia de su postulado del homo economicus llevándolo de los mercados a los escenarios de las instituciones colectivas. Una vez que los economistas volvieron su atención hacia la política, debieron, o al menos eso nos parece hoy, haber modelado a los electores públicos como maximizadores de utilidades. ¿Por qué no lo hicieron así? Tal vez podamos "disculpar" la falla de los economistas clásicos, lo mismo que la de sus sucesores del siglo XIX, de no dar este paso por su presuposición implícita de que las actividades colectivas son básicamente improductivas y de que el papel del Estado se limita sobre todo a lo que se ha llamado sus funciones mínimas o de seguridad. Sencillamente estos economistas no podían concebir que mucho "bien" o "bienes" pudieran generarse por la acción colectiva o gubernamental.
¿Pero por qué fallaron de modo similar sus descendientes del siglo XX, a pesar de algunos modelos sugerentes propuestos por postrimerías del siglo XIX? Mi propia interpretación de esta falla al paradigma de la maximización-escasez-asignación-eficiencia, un paradigma que difiere en esencia de lo que abarca la economía clásica, y que aleja la atención del comportamiento individual en los contratos de intercambio hacia alguna norma de asignación presumiblemente objetivable que se mantiene conceptualmente independiente de la elección. Para el tercer decenio de este siglo la teoría económica se había desplazado hacia una disciplina de matemáticas aplicadas, no de catalaxia. Aún los mercados llegaron a ser concebidos como "dispositivos de cálculo" y "mecanismos" que podían o no asegurar resultados idealizados de asignación. En la base, los mercados no se concebían como instituciones de intercambio, de las que emergen resultados a partir de interacciones complejas de intercambio. Sólo bajo este paradigma moderno de la teoría económica podrían tomarse en serio los absurdos totales de las estructuras socialistas idealizadas de Lange-Lerner, como de hecho lo fueron, y por desgracia lo siguen siendo entre muchos practicantes de la economía. Podemos bien preguntar: ¿Por qué los economistas no se detuvieron a reflexionar acerca del por qué los administradores socialistas tendrían que comportarse según las reglas idealizadas? O, para avanzar un poco la discusión en el tiempo, ¿por qué los economistas de los treinta, los cuarenta, los cincuenta y hasta los de los sesenta tomaron en serio la teoría política keynesiana? ¿Por qué fueron incapaces de ver el hecho elemental de que los políticos electos buscarán cualquier pretexto para crear déficit presupuestarios? Todo esto parece tan sencillo en retrospectiva, pero no debemos subestimar las dificultades, y de hecho los costos morales, que entraña un genuino desplazamiento de paradigma, en la forma misma en que vemos el mundo en torno nuestro, trátese de economistas observando la política o de cualquier otro grupo. No era fácil para los economistas de antes de los sesenta pensar en quienes realizan las elecciones públicas como maximizadores de utilidad en algún sentido que no fuera tautológico. En parte, este bloqueo intelectual puede deberse a la falta cometida por quienes propusieron modelos del interés propio al no incorporar el paradigma de la política como un intercambio en sus propias reflexiones. Si se mira la política simplemente como una relación potencialmente coercitiva entre personas, a todos los niveles de conceptualización, entonces sería valiente o retorcido el economista que modelara a quienes realizan las elecciones públicas (trátese de votantes o de agentes) como maximizadores netos de riqueza. Pocos quieren cosechar el desprecio que ha recibido Maquiavelo a lo largo de la historia. Un mundo de la política como ese no es un lugar agradable. Asimismo los análisis basados en un modelo tal y propuestos como "la verdad" se vuelven altamente nocivos. La misma sensación desagradable que producen estos modelos de la política puede explicar la negligencia de lo que hoy parece ser los claros precursores de este elemento de la perspectiva de la elección pública. Algunos de los primeros italianos, sobre todo Pareto, quienes quizá estaban influenciados de un modo importante por Maquiavelo, parecen haber iniciado muy poco sobre el pensamiento de los científicos sociales modernos en torno al proceso político. (Tampoco ha sido importante el impacto, a partir de mediados de este siglo, de Schumpeter.)
Sólo cuando el postulado del homo economicus del comportamiento humano se combina con el paradigma de la política como intercambio surge de la desesperanza una "teoría económica de la política". Conceptualmente, tal combinación hace posible generar un análisis comparable en algunos aspectos con aquel de los economistas clásicos. Cuando en política se modelan a las personas como poseyendo intereses propios tal y como sucede en otros aspectos de su comportamiento, el desafío constitucional se convierte en el diseño y la construcción de instituciones básicas o reglas que limite al máximo posible el ejercicio de tales intereses de modo expoliador y que dirijan esos intereses a favor del interés general. Así pues, no debe sorprendernos descubrir las raíces de una perspectiva de la elección pública como esta que contiene ambos elementos en los escritos de los Fundadores de Estados Unidos, y sobre todo en las contribuciones de James Madison a los Federalist Papers.
En un sentido completamente real, y sin falsa modestia, veo The Calculus of Consent como la primera contribución a la teoría moderna de la elección pública que combina y equilibra los dos elementos o aspectos críticos de esta amplia perspectiva. Es probable que esta combinación nunca hubiera ocurrido a no ser por los pesos ligeramente diferentes que Gordon Tullock y yo aportamos en nuestro esfuerzo común por escribir este libro. Creo que es política como intercambio, reconocido la gran influencia del enorme trabajo de Knut Wicksell sobre finanzas públicas. En contraste (y esto es interesante ya que su entrenamiento inicial no era el de economista), el acento de Tullock (que provenía de su propia experiencia y sus reflexiones acerca de la burocracia) era el de modelar a todos los agentes de las elecciones públicas (votantes, políticos y burócratas) estrictamente en términos de sus intereses propios. Podía sentirse cierta tensión a medida que trabajábamos el análisis en aquel libro, pero una tensión que de hecho nos ha servido a lo largo de dos decenios desde su publicación inicial.

Una clasificación resumida

A lo largo de los sesenta y los setenta numerosas contribuciones han representado ponderaciones combinatorias diferentes de los dos elementos centrales de la amplia perspectiva de la elección pública. Los trabajos acerca de la teoría de la burocracia y el comportamiento burocrático han enfatizado el elemento economicus, mientras que los trabajos acerca del análisis constitucional se han apoyado más sobre el paradigma de la política como intercambio. Como una especie de resumen de la discusión, puede ser útil presentar una clasificación de artículos seleccionados, tanto clásicos como modernos, en términos de los pesos relativos asignados a los dos elementos o componentes de la perspectiva. Debo dejar claro que la clasificación del diagrama se basa en mis propias estimaciones subjetivas. De hecho, se invita a los lectores a que hagan su propia clasificación, y a que añadan otras contribuciones según lo deseen. La escala horizontal mide la mezcla de los dos elementos. Los elementos que enfatizan el postulado del homo economicus, se encuentran hacia el polo izquierdo, mientras que los trabajos que enfatizan el modelo de la política como intercambio se acercan más al polo de la derecha.
Homo economicus _____________________ Política-como-intercambio
Hobbes, Leviatán (1651)
Madison, The Federa¬list
Papers (1787-1789)
Wicksell,
Finanztheoretische
Untersuchungen
(1986)
Schumpeter, Capitalism
Socialism and Democracy (1942)
Downs, Economic Theory
of Democracy (1957)
Buchanan-Tullock
Calculus of Consent (1962)
Tullock, Politics
of Bureaucracy (1965)
Rawls. Theory
of Justice (1971)
Niskanen, Bureaucracy
Representative Government (1972)
Tullock, Social Dilemma
(1975)
Buchanan, Limits of
Liberty (1975)
Brennan-Buchanan,
Liberty (1975)

Brennan-Buchanan,
Power to Tax (1980)
Brennan-Buchanan,
Reason of Rules (1985)

jueves, 2 de septiembre de 2010

CLASE 3 DE SEPTIEMBRE

Guerrero Omar, “Del gobierno de los hombres a la administración de las cosas”, Revista del IAPUG, Núm. 7, octubre 2004, http://www.omarguerrero.org/articulos/AdmonCosas.pdf

miércoles, 18 de agosto de 2010

CLASE 24 DE AGOSTO

Les recuerdo que el 24 de agosto revisaremos completo el artículo siguiente:

Guerrero Orozco, Omar, "El management público: una torre de babel" en Convergencia, Toluca, Año 5, Núm. 17, 1998, http://www.omarguerrero.org/articulos/ManageTorreB.pdf

Para quien esté interesado, les envío los datos del examen profesional del día 20 de agosto: es a las 9:00 de la mañana en la sala Fernando Benítez.

martes, 10 de agosto de 2010

CLASE 13 DE AGOSTO

Guerrero Omar, “‘Management’ público, un concepto elusivo. Cuatro variaciones sobre el mismo tema”, Revista de Administración Pública, número 100, http://www.omarguerrero.org/articulos/MANAelusiv.pdf

Leer hasta la página 20.