Vicher Diana, De la reforma administrativa a la reforma neogerencial en Hispanoamérica, México, IAPEM, 2009, pp. 257-278.
http://www.iapem.org.mx/docs/libros/978-968-6452-93-1.pdf
domingo, 31 de octubre de 2010
jueves, 21 de octubre de 2010
CLASE 26 DE OCTUBRE
Echebarria Ariznabarreta Koldo y Longo Martínez Francisco, «La nueva gestión pública en la reforma del núcleo estratégico del gobierno: experiencias latinoamericanas», Banco Interamericano de Desarrollo (Washington), Noviembre del 2000, https://docs.google.com/fileview?id=0BzwbMYftm7u8YTNhMjdjNzAtOWFiOS00ZGU0LTkyOGYtNzNjN2M1OWE5OTdi&hl=en
lunes, 18 de octubre de 2010
CLASE 22 DE OCTUBRE
Martín, Guillermo, “Tres reformas sobre tres administraciones originalmente similares: Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá”, Revista Reforma y Democracia, No. 25, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Caracas, 2003.
https://docs.google.com/fileview?id=0BzwbMYftm7u8MDgwMWJmYjYtMzcwZi00YzQ0LTk1OTgtMWQ1ODExZjU3NjA2&hl=en
https://docs.google.com/fileview?id=0BzwbMYftm7u8MDgwMWJmYjYtMzcwZi00YzQ0LTk1OTgtMWQ1ODExZjU3NjA2&hl=en
LA JORNADA, OCTUBRE 18
México SA http://www.jornada.unam.mx/2010/10/18/index.php?section=opinion&article=028o1eco
Salud pública, negocio en puerta
Sin más, que paguen los jodidos
¿Quiénes se quedarían con él?
Carlos Fernández-Vega
Espléndido futuro para los mexicanos ha moldeado el inquilino de Los Pinos: no ha dado una en materia de crecimiento y desarrollo; ha cancelado cualquier posibilidad de lograr una vida digna a través del empleo y el salario; ha sublimado la inseguridad en el país y acumula 30 mil muertos en una guerra” que nunca ganará, y que, como van las cosas, no tiene salida; ha rebajado a cero la de por sí desgastada credibilidad en las instituciones; la “igualdad de oportunidades” por él pregonada en tiempos de su campaña electoral, en los hechos se ha traducido en rásquense como puedan, y si no pueden qué más da; ha degradado al gobierno de la República a simple gerencia del gran capital, que nada aporta, pero con todo arrasa; ha privatizado los bienes nacionales, la infraestructura, la educación, la electricidad y lo que se acumule, y ahora, “para vivir mejor” y con la corrupción a tope, pretende borrar del mapa cualquier vestigio de seguridad social, comenzando con la salud pública. Eso sí, prepara un magno festejo del centenario de la Revolución, el movimiento social que reivindicó todo lo que él y los suyos han tirado al cesto de la basura.
En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (falta el visto bueno de los diputados, pero todo indica que es mero trámite), la cual permite, entre otras cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal. Con ello, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará a funcionar abiertamente como una empresa privada.
La única tímida salvedad que establece la citada legislación es la relativa a la industria petrolera (la eléctrica queda libre) para “evitar una posible privatización”. De cualquier suerte los límites también límites: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Después de eso, todo, absolutamente todo, queda abierto al capital privado, aunque en México queda claro quién es el capital privado (exclúyase al 98 por ciento de las empresas que son micro, pequeñas o medianas y no tienen mayor potencial que intentar sobrevivir a los embates gubernamentales), que no es otro que el beneficiario de la política privatizadora.
Y al mal paso darle prisa, porque tan sólo 48 horas después de aprobada la citada ley, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que “una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será ‘una gran reforma’ para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales”, con lo que “adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud”. Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero-patronales para seguridad social; es decir, explicó el funcionario, se podría desgravar la nómina y los empresarios “no tendrían esta carga”, a la vez se podría “favorecer el desarrollo del empleo”. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, con lo que en el futuro habrá un “paquete único de intervenciones, igual para todos” los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez).
Que paguen los jodidos, porque la privatización de la salud pública es un pingüe negocio que no puede quedar fuera de la ya de por sí enorme canasta de prebendas que tiene el gran capital (cualquier duda, favor de preguntar a Olegario Vázquez Raña). Aterrizado el numerito, la gerencia de la República no tardaría en decretar la exención fiscal a los nuevos propietarios del sector, por tratarse de un asunto de “interés nacional”. También se privatizará el historial clínico de los usuarios del hasta hoy servicio público de salud. De acuerdo con Córdova, está “en curso” una licitación para que alguna empresa particular sistematice lo que llamó “expediente clínico electrónico”, de tal suerte que al término del gobierno calderonista “se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema”.
Enfermarse es un lujo que la mayoría de los mexicanos no puede permitirse; en el lejano caso que en una institución pública de salud reciban una atención médica medianamente llevadera para superar la enfermedad, falta por transitar el terrorífico camino de adquirir medicinas en farmacias privadas (tres aumentos de precio en el año, cuando menos), porque las del sector salud siempre están vacías. Añádase la intención del gobierno calderonista de privatizar el sector salud, y que la gente jodida pague por la atención médica, de acuerdo con el anuncio del secretario Córdova, con base en la “propuesta” de Funsalud, “una institución privada al servicio de la comunidad”, según su propio eslogan.
Entre los fundadores (1985) y los socios activos de dicha institución privada aparecen muchos de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (el poder tras el trono) y apellidos como Alemán, Azcárraga, Bailleres, Bours, Garza Lagüera, Madariaga Lomelín, Servitje, Slim, Azcárraga Andrade (el de Mexicana de Aviación), Aspe, González Laporte, Hank, Harp, Autrey, de Angoitia, Chico Pardo (Telmex) y Vázquez Aldir, por sólo citar algunos. Entonces, no hay que especular sobre quién explotaría la “nueva” industria de la salud pública.
Las rebanadas del pastel
¿Adónde ha llevado todo esto al país, a sus habitantes? El pasado sábado, en las páginas de La Jornada, Jaime Avilés se preguntaba: “¿habrá elecciones en 2012?” Yo agregaría: ¿habrá país para celebrar elecciones en 2012?... Con ganas de reivindicarse, bien haría la lerda Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas si se da una vuelta por Aguascalientes y constata las permanentes agresiones al gremio encabezadas y fomentadas por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien acostumbra secuestrar ediciones y amenazar públicamente a los colegas y a los medios que documentan sus no pocas tropelías, como es el caso de Manuel Appendini y La Jornada Aguascalientes.
Salud pública, negocio en puerta
Sin más, que paguen los jodidos
¿Quiénes se quedarían con él?
Carlos Fernández-Vega
Espléndido futuro para los mexicanos ha moldeado el inquilino de Los Pinos: no ha dado una en materia de crecimiento y desarrollo; ha cancelado cualquier posibilidad de lograr una vida digna a través del empleo y el salario; ha sublimado la inseguridad en el país y acumula 30 mil muertos en una guerra” que nunca ganará, y que, como van las cosas, no tiene salida; ha rebajado a cero la de por sí desgastada credibilidad en las instituciones; la “igualdad de oportunidades” por él pregonada en tiempos de su campaña electoral, en los hechos se ha traducido en rásquense como puedan, y si no pueden qué más da; ha degradado al gobierno de la República a simple gerencia del gran capital, que nada aporta, pero con todo arrasa; ha privatizado los bienes nacionales, la infraestructura, la educación, la electricidad y lo que se acumule, y ahora, “para vivir mejor” y con la corrupción a tope, pretende borrar del mapa cualquier vestigio de seguridad social, comenzando con la salud pública. Eso sí, prepara un magno festejo del centenario de la Revolución, el movimiento social que reivindicó todo lo que él y los suyos han tirado al cesto de la basura.
En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (falta el visto bueno de los diputados, pero todo indica que es mero trámite), la cual permite, entre otras cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal. Con ello, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará a funcionar abiertamente como una empresa privada.
La única tímida salvedad que establece la citada legislación es la relativa a la industria petrolera (la eléctrica queda libre) para “evitar una posible privatización”. De cualquier suerte los límites también límites: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Después de eso, todo, absolutamente todo, queda abierto al capital privado, aunque en México queda claro quién es el capital privado (exclúyase al 98 por ciento de las empresas que son micro, pequeñas o medianas y no tienen mayor potencial que intentar sobrevivir a los embates gubernamentales), que no es otro que el beneficiario de la política privatizadora.
Y al mal paso darle prisa, porque tan sólo 48 horas después de aprobada la citada ley, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que “una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será ‘una gran reforma’ para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales”, con lo que “adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud”. Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero-patronales para seguridad social; es decir, explicó el funcionario, se podría desgravar la nómina y los empresarios “no tendrían esta carga”, a la vez se podría “favorecer el desarrollo del empleo”. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, con lo que en el futuro habrá un “paquete único de intervenciones, igual para todos” los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez).
Que paguen los jodidos, porque la privatización de la salud pública es un pingüe negocio que no puede quedar fuera de la ya de por sí enorme canasta de prebendas que tiene el gran capital (cualquier duda, favor de preguntar a Olegario Vázquez Raña). Aterrizado el numerito, la gerencia de la República no tardaría en decretar la exención fiscal a los nuevos propietarios del sector, por tratarse de un asunto de “interés nacional”. También se privatizará el historial clínico de los usuarios del hasta hoy servicio público de salud. De acuerdo con Córdova, está “en curso” una licitación para que alguna empresa particular sistematice lo que llamó “expediente clínico electrónico”, de tal suerte que al término del gobierno calderonista “se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema”.
Enfermarse es un lujo que la mayoría de los mexicanos no puede permitirse; en el lejano caso que en una institución pública de salud reciban una atención médica medianamente llevadera para superar la enfermedad, falta por transitar el terrorífico camino de adquirir medicinas en farmacias privadas (tres aumentos de precio en el año, cuando menos), porque las del sector salud siempre están vacías. Añádase la intención del gobierno calderonista de privatizar el sector salud, y que la gente jodida pague por la atención médica, de acuerdo con el anuncio del secretario Córdova, con base en la “propuesta” de Funsalud, “una institución privada al servicio de la comunidad”, según su propio eslogan.
Entre los fundadores (1985) y los socios activos de dicha institución privada aparecen muchos de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (el poder tras el trono) y apellidos como Alemán, Azcárraga, Bailleres, Bours, Garza Lagüera, Madariaga Lomelín, Servitje, Slim, Azcárraga Andrade (el de Mexicana de Aviación), Aspe, González Laporte, Hank, Harp, Autrey, de Angoitia, Chico Pardo (Telmex) y Vázquez Aldir, por sólo citar algunos. Entonces, no hay que especular sobre quién explotaría la “nueva” industria de la salud pública.
Las rebanadas del pastel
¿Adónde ha llevado todo esto al país, a sus habitantes? El pasado sábado, en las páginas de La Jornada, Jaime Avilés se preguntaba: “¿habrá elecciones en 2012?” Yo agregaría: ¿habrá país para celebrar elecciones en 2012?... Con ganas de reivindicarse, bien haría la lerda Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas si se da una vuelta por Aguascalientes y constata las permanentes agresiones al gremio encabezadas y fomentadas por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien acostumbra secuestrar ediciones y amenazar públicamente a los colegas y a los medios que documentan sus no pocas tropelías, como es el caso de Manuel Appendini y La Jornada Aguascalientes.
miércoles, 13 de octubre de 2010
LA JORNADA , 13 OCTUBRE
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/13/index.php?section=opinion&article=034o1eco
México SA
El Senado privatiza al país
Otra vez la dupla PRI-PAN
Ortega y su PRD en el éter
Carlos Fernández-Vega
Aunque en los hechos la privatización a ultranza se registra desde hace tres décadas (a partir del gobierno de Miguel de la Madrid), desde ayer (gracias a la propuesta de Felipe Calderón y a su aprobación final por el Senado de la República; sólo falta la ratificación de la Cámara de Diputados) ya no existe pretexto que valga para mantener el nombre oficial del país, de tal suerte que, acorde con la realidad nacional y con los intereses del grupo en el poder, es válida no sólo su modificación, sino su actualización en el marco del sueño neoliberal: de Estados Unidos Mexicanos pasaría, sin más, a México, Sociedad Anónima.
Así, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará, gracias al inquilino de Los Pinos y al voto mayoritario del PAN y del PRI, a funcionar abiertamente como una empresa privada en la que el último lugar en la escala de toma decisiones lo ocupará el gobierno federal (a partir de ahora operará como simple oficialía de partes) y el propio Congreso (en su nuevo carácter de agente colocador de contratos). Todo ello, según el dictamen respectivo, para “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.
Eso y más promueve la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ayer fue aprobada, en lo general y en lo particular por el Senado de la República (85 votos a favor, 8 en contra, cero abstenciones). La nueva legislación (que deberá pasar por el tamiz de San Lázaro, aunque todo indica que el asunto está más que planchado) permite, entre otras tantas cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal.
Además, las dependencias del sector público federal podrán asociarse con particulares (incluidos proyectos no solicitados por el gobierno) para construir infraestructura mediante esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones. En un arranque de nostalgia, de última hora la bancada tricolor en Xicoténcatl modificó la minuta original para excluir a la industria petrolera (no mencionó a la eléctrica) y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones para “evitar una posible privatización”. Sin embargo, la aclaración completa incluye la siguiente leyenda: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Lo mejor del caso es que “la interpretación de esta ley queda reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, a la tradicional privatizadora de los bienes nacionales y “rescatista” del gran capital.
El pasado 10 de noviembre Felipe Calderón envió la respectiva iniciativa de ley al Senado de la República. En marzo de 2010 comenzó su discusión, y a finales de abril se aprobó en lo general. Se dejó para el segundo periodo ordinario de sesiones la discusión en lo particular, y ayer se aprobó integralmente con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Aquí surge la duda: los senadores del PRI, PAN y PVEM (los que votaron a favor) suman 89, de tal suerte que cuatro de ellos se ausentaron; los del PRD, PT y Convergencia suman 36, pero de estas fracciones parlamentarias sólo se registraron ocho votos en contra, por lo que 28 de ellos no estuvieron presentes en la sesión (tal vez celebrando alianzas); adicionalmente, tres senadores no pertenecen a grupo partidista alguno, pero por lo visto todos ellos tuvieron cosas más importantes que hacer.
Para los fines de esta nueva legislación, los senadores se llevaron varias leyes entre las patas (reformaron, adicionaron o de plano derogaron disposiciones de las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Expropiación, Agraria, General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles) con tal de delegar a la iniciativa privada lo que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal, y de hacer jugosos negocios privados con lo que originalmente se concibió como una responsabilidad con objetivos sociales. Entonces, se desmantela al Estado y en su lugar surge, rozagante, el gran capital para hacer jugosos negocios en donde le plazca (de la seguridad pública a la educación; de los servicios de salud a la electricidad, y así por el estilo). Si esto no es igual a México Sociedad Anónima, entonces qué es.
La ley aprobada subraya que “si bien la negociación con los particulares se viene realizando en la práctica (ergo se viene violando la ley), se estima procedente contar con un fundamento jurídico expreso que otorgue certeza a las partes involucradas y regule ciertos aspectos de estos esquemas”. Pues bien, aquí faltó el rigor del análisis, porque el balance de la política privatizadora en el país es verdaderamente desastroso. Desde Miguel de la Madrid se argumentó que al “enflacar” al gobierno el resultado inmediato sería la “liberación de recursos públicos para atender las necesidades sociales” y “promover el crecimiento y el desarrollo”. Lo repitieron hasta el cansancio Salinas y Zedillo (Fox y Calderón ha sido más cínicos), y allí están los desastrosos resultados de tres décadas privatizadoras: la deuda social imparable, a paso veloz, al igual que la concentración de la riqueza y el ingreso, la corrupción a todo galope y el país en el limbo.
Las rebanadas del pastel
En su efímero paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón exigió a los senadores (17 de noviembre de 2003) otorgar “certeza jurídica” a la inversión privada en sectores exclusivos del Estado, para lo cual insistía en realizar modificaciones constitucionales, porque “a nadie le conviene una legislación que suponga riesgos” (para el capital). Pues bien, no se registraron cambios a la Constitución, pero a partir de ayer ya logró todo lo demás.
México SA
El Senado privatiza al país
Otra vez la dupla PRI-PAN
Ortega y su PRD en el éter
Carlos Fernández-Vega
Aunque en los hechos la privatización a ultranza se registra desde hace tres décadas (a partir del gobierno de Miguel de la Madrid), desde ayer (gracias a la propuesta de Felipe Calderón y a su aprobación final por el Senado de la República; sólo falta la ratificación de la Cámara de Diputados) ya no existe pretexto que valga para mantener el nombre oficial del país, de tal suerte que, acorde con la realidad nacional y con los intereses del grupo en el poder, es válida no sólo su modificación, sino su actualización en el marco del sueño neoliberal: de Estados Unidos Mexicanos pasaría, sin más, a México, Sociedad Anónima.
Así, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República “democrática, representativa y federal”, y legalmente pasará, gracias al inquilino de Los Pinos y al voto mayoritario del PAN y del PRI, a funcionar abiertamente como una empresa privada en la que el último lugar en la escala de toma decisiones lo ocupará el gobierno federal (a partir de ahora operará como simple oficialía de partes) y el propio Congreso (en su nuevo carácter de agente colocador de contratos). Todo ello, según el dictamen respectivo, para “impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales e impulsar el empleo y el crecimiento económico de manera más ágil”.
Eso y más promueve la Ley de Asociaciones Público-Privadas que ayer fue aprobada, en lo general y en lo particular por el Senado de la República (85 votos a favor, 8 en contra, cero abstenciones). La nueva legislación (que deberá pasar por el tamiz de San Lázaro, aunque todo indica que el asunto está más que planchado) permite, entre otras tantas cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal.
Además, las dependencias del sector público federal podrán asociarse con particulares (incluidos proyectos no solicitados por el gobierno) para construir infraestructura mediante esquemas distintos a los contemplados por la Ley de Obras Públicas y Servicios, así como por la Ley de Adquisiciones. En un arranque de nostalgia, de última hora la bancada tricolor en Xicoténcatl modificó la minuta original para excluir a la industria petrolera (no mencionó a la eléctrica) y a los fideicomisos gubernamentales de este tipo de asociaciones para “evitar una posible privatización”. Sin embargo, la aclaración completa incluye la siguiente leyenda: “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado”. Lo mejor del caso es que “la interpretación de esta ley queda reservada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, es decir, a la tradicional privatizadora de los bienes nacionales y “rescatista” del gran capital.
El pasado 10 de noviembre Felipe Calderón envió la respectiva iniciativa de ley al Senado de la República. En marzo de 2010 comenzó su discusión, y a finales de abril se aprobó en lo general. Se dejó para el segundo periodo ordinario de sesiones la discusión en lo particular, y ayer se aprobó integralmente con 85 votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones. Aquí surge la duda: los senadores del PRI, PAN y PVEM (los que votaron a favor) suman 89, de tal suerte que cuatro de ellos se ausentaron; los del PRD, PT y Convergencia suman 36, pero de estas fracciones parlamentarias sólo se registraron ocho votos en contra, por lo que 28 de ellos no estuvieron presentes en la sesión (tal vez celebrando alianzas); adicionalmente, tres senadores no pertenecen a grupo partidista alguno, pero por lo visto todos ellos tuvieron cosas más importantes que hacer.
Para los fines de esta nueva legislación, los senadores se llevaron varias leyes entre las patas (reformaron, adicionaron o de plano derogaron disposiciones de las leyes de Obras Públicas, de Adquisiciones, de Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de Expropiación, Agraria, General de Bienes Nacionales, y el Código Federal de Procedimientos Civiles) con tal de delegar a la iniciativa privada lo que constitucionalmente le corresponde al gobierno federal, y de hacer jugosos negocios privados con lo que originalmente se concibió como una responsabilidad con objetivos sociales. Entonces, se desmantela al Estado y en su lugar surge, rozagante, el gran capital para hacer jugosos negocios en donde le plazca (de la seguridad pública a la educación; de los servicios de salud a la electricidad, y así por el estilo). Si esto no es igual a México Sociedad Anónima, entonces qué es.
La ley aprobada subraya que “si bien la negociación con los particulares se viene realizando en la práctica (ergo se viene violando la ley), se estima procedente contar con un fundamento jurídico expreso que otorgue certeza a las partes involucradas y regule ciertos aspectos de estos esquemas”. Pues bien, aquí faltó el rigor del análisis, porque el balance de la política privatizadora en el país es verdaderamente desastroso. Desde Miguel de la Madrid se argumentó que al “enflacar” al gobierno el resultado inmediato sería la “liberación de recursos públicos para atender las necesidades sociales” y “promover el crecimiento y el desarrollo”. Lo repitieron hasta el cansancio Salinas y Zedillo (Fox y Calderón ha sido más cínicos), y allí están los desastrosos resultados de tres décadas privatizadoras: la deuda social imparable, a paso veloz, al igual que la concentración de la riqueza y el ingreso, la corrupción a todo galope y el país en el limbo.
Las rebanadas del pastel
En su efímero paso por la Secretaría de Energía, Felipe Calderón exigió a los senadores (17 de noviembre de 2003) otorgar “certeza jurídica” a la inversión privada en sectores exclusivos del Estado, para lo cual insistía en realizar modificaciones constitucionales, porque “a nadie le conviene una legislación que suponga riesgos” (para el capital). Pues bien, no se registraron cambios a la Constitución, pero a partir de ayer ya logró todo lo demás.
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